Guías Legales de Justia: Centro de Ley de Discapacidad

Una discapacidad puede causar problemas económicos y crear obstáculos en muchos ámbitos de la vida. Sin embargo, las personas con discapacidad cuentan con importantes protecciones legales. El Centro Justia de Ley de Discapacidad analiza las prestaciones disponibles y sus derechos de forma más general.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han calculado (en inglés) que hasta el 27% de la población adulta de Estados Unidos tiene algún tipo de discapacidad. Algunos tipos de discapacidad son fácilmente visibles, como los problemas de movilidad o la pérdida de un miembro. Otros tipos son menos visibles, como las deficiencias cognitivas que pueden afectar aspectos como la concentración y la memoria. Por desgracia, una discapacidad puede causar dificultades para conseguir o mantener un empleo, encontrar un lugar donde vivir o incluso hacer alguna actividad básica como ir a la tienda. Una persona con discapacidad también puede tener dificultades para mantenerse si no puede ganarse la vida.

Las leyes y reglamentos federales ofrecen protecciones específicas a las personas con discapacidad. Por ejemplo, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ofrece dos tipos principales de prestaciones por discapacidad, mientras que la Ley de Estadounidenses con Discapacidad prohíbe la discriminación por discapacidad en el lugar de trabajo y en muchos otros ámbitos. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con las prestaciones por discapacidad (en inglés) y los derechos de las personas con discapacidad (en inglés) no siempre son fáciles de entender. Esta es la razón por la que Justia ha añadido recientemente el Centro Justia de Ley de Discapacidad (en inglés) a nuestras Guías Legales de Justia (en inglés) para los consumidores. Su objetivo es ayudar a empoderar a las personas con discapacidad, informándoles sobre las opciones legales de las que pueden no ser plenamente conscientes.

Prestaciones por Incapacidad del Seguro Social

Los dos tipos principales de prestaciones por incapacidad que ofrece la Administración del Seguro Social son el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Estas pueden estar disponibles para una persona con una discapacidad que dure al menos 12 meses o que provoque la muerte. Para recibir prestaciones del SSDI (en inglés), el solicitante deberá haber acumulado un determinado número de créditos de trabajo. El requisito estándar es de 40 créditos de trabajo, pero puede ser diferente para las personas más jóvenes. Por otro lado, el derecho a la SSI (en inglés) no depende de los créditos de trabajo. Para obtener estas prestaciones, una persona discapacitada debe tener ingresos y recursos limitados.

Un proceso de evaluación secuencial de cinco pasos decide si un solicitante reúne los requisitos médicos para recibir prestaciones por incapacidad del Seguro Social. Los dos primeros pasos se enfocan en determinar si el solicitante realiza una actividad lucrativa sustancial (normalmente definida por los ingresos mensuales del solicitante) y si su enfermedad es grave desde el punto de vista médico. Si realiza una actividad lucrativa sustancial o si su enfermedad no limita significativamente su capacidad para trabajar, no obtendrá prestaciones.

El solicitante que aprueba los dos primeros pasos tiene esencialmente dos vías para recibir prestaciones. Es probable que obtenga prestaciones si su enfermedad cumple los criterios descritos en un manual de la SSA denominado Listado de Discapacidades (en inglés), que se considera en el tercer paso de la evaluación. En el cuarto y quinto paso se evalúa la capacidad funcional residual (en inglés), que tiene en cuenta las limitaciones o restricciones causadas por la discapacidad y determina las capacidades laborales restantes. Si el solicitante no puede desempeñar el trabajo que le correspondía en el pasado (según la definición de la SSA) o adaptarse a otro trabajo, es probable que reciba prestaciones por incapacidad.

A algunos solicitantes se les niega inicialmente, pero acaban teniendo éxito en la apelación. La SSA ofrece tres niveles internos de apelación (en inglés): una reconsideración, una audiencia ante un Juez de Derecho Administrativo (ALJ, por sus siglas en inglés) y una revisión por parte del Consejo de Apelaciones de la SSA. Si un solicitante no obtiene prestaciones en ninguno de estos niveles de impugnación administrativa, puede plantearse llevar su caso ante un tribunal federal.

Más Prestaciones Para las Personas con Discapacidad

Las normas que rigen las prestaciones por incapacidad del Seguro Social son muy estrictas y no todas las personas con una enfermedad grave pueden optar a ellas. Para protegerse de las pérdidas económicas causadas por una incapacidad, una persona puede plantearse solicitar prestaciones por incapacidad a largo plazo (en inglés) a través de una aseguradora privada. Algunos factores clave que hay que evaluar al elegir entre distintas opciones incluyen no sólo la cuantía de las prestaciones y el costo de las primas, sino también el periodo de tiempo durante el cual se pagarán las prestaciones, cualquier periodo de espera antes de recibir las prestaciones y la definición de discapacidad en la póliza. La persona también puede plantearse si desea añadir una o varias cláusulas (en inglés) adicionales a la póliza. Estas proporcionan una mayor protección por un costo adicional.

Las personas con incapacidades a corto plazo no tienen derecho a las prestaciones por incapacidad del Seguro Social y probablemente no estarán cubiertas por un seguro privado de incapacidad. (Algunos empleados pueden obtener cobertura por incapacidad a corto plazo como prestación de su empresa). California, Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Hawai han tratado de resolver este problema dando prestaciones por incapacidad a corto plazo (en inglés) que representan un porcentaje de los salarios no percibidos por el trabajador. Cada uno de estos programas se rige por normas distintas.

El Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. también ofrece prestaciones a los ex miembros del servicio (en inglés) que sufren una lesión o enfermedad relacionada con el servicio. Por ejemplo, una enfermedad crónica que surja en el plazo de un año después de que un veterano haya dejado las fuerzas armadas se considera una discapacidad. La cuantía de las prestaciones depende del grado de discapacidad del veterano, que se basa en la gravedad de su enfermedad. El veterano que no obtenga inicialmente las prestaciones puede apelar la negación.

Derechos de las Personas con Discapacidad

Conseguir o mantener un empleo puede ser un reto para una persona con discapacidad. Las empresas (en inglés) con 15 o más empleados deben cumplir la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Esta ley federal cubre no sólo a las personas con discapacidad, sino también a las personas que son percibidas como discapacitadas y a las personas que tienen relaciones o asociaciones con personas discapacitadas. La ADA prohíbe despedir, no contratar o ascender, o tomar cualquier otra medida adversa contra un empleado por razón de su discapacidad. También exige a los empresarios que realicen ajustes razonables (en inglés) en caso de discapacidad, a menos que ello suponga una carga excesiva.

La discriminación por discapacidad también puede producirse en el ámbito de la vivienda. La mayoría de los tipos de vivienda están cubiertos (en inglés) por la Ley de Vivienda Justa (FHA, por sus siglas en inglés), que desempeña una función similar a la de la ADA. (Las leyes estatales pueden proporcionar protecciones adicionales a las personas con discapacidad tanto en el empleo como en la vivienda). Además de prohibir la discriminación, la FHA establece el derecho a adaptaciones y modificaciones razonables para las personas con discapacidad. Una adaptación suele implicar el ajuste de una norma o política, mientras que una modificación suele implicar un cambio físico en la propiedad.

Fuera del trabajo y del hogar, las personas con discapacidad están protegidas contra la discriminación en el acceso a “alojamientos públicos“. Se trata de un término legal para una amplia gama de empresas y organizaciones que ponen sus instalaciones a disposición del público. Algunos alojamientos públicos (en inglés) son esenciales, como los centros médicos y las tiendas de comestibles, pero el término abarca también lugares de ocio como estadios, cines y parques de atracciones. Es posible que un local de alojamiento público tenga que proporcionar una modificación razonable a una persona con discapacidad y que tenga que proporcionar ayudas o servicios auxiliares cuando una discapacidad afecte a la comunicación.

Reflexiones Finales

Solicitar prestaciones por discapacidad puede plantear dificultades. También lo puede ser exigir responsabilidades a un empleador, arrendador u otra empresa por discriminación por discapacidad. A menudo es mucho lo que está en juego en estos casos, por lo que una persona con una discapacidad querrá consultar a un abogado (en inglés) que pueda proporcionarle asesoramiento y estrategias adaptadas a sus necesidades específicas. Mientras tanto, el Centro Justia de Ley de Discapacidad ofrece una visión general de algunas de las principales cuestiones legales y normas en este ámbito. Al igual que las demás Guías Legales de Justia, su objetivo es que la ley sea transparente y accesible para todos.

• 50 Guías Legales Para Ayudar a los Estadounidenses a Conocer sus Derechos
• Recursos Destacados de Justia: Centro de Derecho Civil y Discriminación
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